Los diputados, con mayoría de Morena, aprobaron en comisiones una reforma a la ley del Poder Judicial para desaparecer 12 de 13 fideicomisos bajo el argumento de que la Corte goza de privilegios indebidos. El gobierno pretende rasurar, mochar, trasquilar, 15 mil 450 millones de pesos. Se trata de otro arrebato presidencial para cobrar venganza por los fallos de la Corte adversos a la 4T, centralizar más poder y rascar más dinero para efectos político-electorales. Es la misma terapia de asfixia presupuestal recetada a organismos autónomos incómodos, como el INE y el INAI. Poco importa si en el afán el Ejecutivo se lleva entre las patas a miles de servidores públicos, activos y jubilados, del aparato judicial. Pero hay más. Los legisladores de Morena también afilan tijeras para recortar otros 18 mil millones al presupuesto del Poder Judicial, es decir casi 20 por ciento de los 84 mil millones solicitados. Si bien ambas pretensiones podrán ser combatidas mediante una controversia constitucional, el asunto llegará a la Corte, es decir, los ministros serán juez y parte, y eso es precisamente lo que quiere López Obrador, más elementos para atacarlos bajo el argumento de confabular para conservar privilegios, derrochar recursos y corromperse, todo lo cual justifica, según el presidente, la necesidad de elegir a los ministros de la Corte mediante voto popular. La jugada es perversa.