Ha llegado el momento tan esperado. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, formada por los magistrados expertos en Derecho Penal más prestigiosos de nuestro país, ha promovido una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 1 de la ley Orgánica de amnistía a la que los socialistas añadieron el pomposo y falaz título «para la normalización institucional, política y social en Cataluña». El contenido del auto es demoledor, porque establece que «vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley» y «los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que proclama la Constitución» a la vez que podría vulnerar el «principio de exclusividad jurisdiccional». El Gobierno de izquierda radical espera que Conde-Pumpido cumpla con su papel y declare la constitucionalidad de la norma. No importa que el propio Sánchez dijera en su día que no lo era o que reconociera que la impulsó para comprar la investidura, lo que muestra el fin ilegítimo de la norma. El presidente del Constitucional es un experto jurista, magistrado de esa Sala y fue uno de los fundadores de la asociación progresista «Jueces y Juezas para la democracia». Fue Fiscal General del Estado nombrado por un gobierno socialista.