Cynthia Petion y Eddie Petion: Audio El Sistema Federal Justicia en los Estados Unidos #28
 Tanto las causas penales como las civiles cuentan con un plazo limitado para celebrar 
diligencias preliminares para la revelación de la prueba y con restricciones necesarias para 
proteger la identidad de los informantes del gobierno y evitar la intimidación de testigos. Los 
abogados también pueden presentar pedimentos para que el juez haga las determinaciones 
debidas antes del juicio oral y público. Por ejemplo, la defensa podría presentar pedimentos para 
que el juez no permita que se presenten en el juicio ciertas pruebas que el acusado crea fueron 
obtenidas indebidamente por el gobierno y en perjuicio de sus derechos constitucionales. 
En un juicio penal, la procuraduría tiene la responsabilidad de la prueba. La defensa no 
tiene que demostrar la inocencia del acusado, al contrario, la procuraduría tiene que presentar las 
pruebas y convencer al jurado que el acusado es culpable. Los requisitos de prueba son mucho 
más estrictos en un juicio penal en comparación a una demanda civil. Tiene que ser "más allá de 
una duda razonable", o sea, las pruebas tienen que ser tan decisivas que no quepa duda razonable 
que el acusado cometió el delito. El juez instruye al jurado sobre la ley que es procedente a las 
decisiones que ellos deben tomar. 
Dado el caso que el acusado sea absuelto, la procuraduría no puede apelar ni puede 
enjuiciarlo nuevamente por el mismo ilícito. La Constitución Política prohíbe el “procesamiento 
doble", o sea, que no se puede ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. 
El juez debe acatar las pautas de penas federales expedidas por la Comisión Federal de 
Sentencias, una organización del poder judicial cuyas metas son: 
• 
integrar los objetivos de la imposición de sentencias (i.e., castigo justo, impedir la 
perpetración de delitos, eliminar la posibilidad de delinquir y facilitar la 
rehabilitación); 
• 
imponer sentencias bien definidas y justas para evitar diferencias sin justificación 
entre delincuentes que compartan características similares por la misma conducta 
ilícita y a la vez que permita cierta flexibilidad judicial para tomar en cuenta 
algunos agravantes y atenuantes pertinentes; 
• 
reflejar, en lo posible, los adelantos en el campo del comportamiento humano 
según sean procedentes dentro del proceso jurídico penal. 
Las pautas proporcionan a los jueces federales marcos penales en conformidad con la 
conducta ilícita y los antecedentes penales del acusado. Según las pautas, a cada delito se le 
asigna en conformidad a la gravedad del mismo un nivel que varía del uno al 43. A cada acusado 
se le coloca dentro de una de seis clasificaciones de antecedentes penales con base en cuán 
extensos y recientes sean sus antecedentes. El punto de intersección entre el nivel del delito y la 
clasificación por antecedentes los determina el marco penal. Para que el juez cuente con 
flexibilidad, el punto máximo de cada marco penal excede el mínimo por seis meses 0 el 25 por 
ciento (la cantidad más alta). 
Por lo general, el juez tiene que dictar su fallo de acuerdo con la tabla de penas a menos 

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