Nos separan seis meses de los relevos en las administraciones municipales y, en algunos casos contados, de iniciar un segundo periodo de gobierno consecutivo. Los ganadores de las elecciones, además de esperar las resoluciones de los tribunales electorales, están ocupados en organizar y planear sus futuros gobiernos. Y los ciudadanos, flotando, mientras van declinando con desgano los ayuntamientos, y esperanzados en que el cambio traiga consigo la materialización de esa mágica esperanza de que todo se va a componer cuando llegue un nuevo gobierno —empezando por el que iniciará en menos de 100 días, en octubre próximo—. Pero no tenemos manera de medir el desempeño de nuestros gobernantes. No existen medidas o métricas o evaluaciones de desempeño que nos permitan a los mexicanos de a pie revisar los resultados de los administradores públicos o autoridades y de esta manare saber si están haciendo un buen gobierno o uno pésimo. A ojo de buen cubero podemos calificarlos o calificarlas, sin que tengamos a la mano parámetros reales. Es verdad que existen las encuestas, pero no pasan de ser valoraciones abstractas cuyo sustento es el parecer, el juicio que parte de una idea, pero no tiene elementos materiales concretos para definirse.