En varios países de América Latina sus ciudadanos parecen resueltos a expresar su enfado con movilizaciones sociales en las que rechazan los modelos económicos aplicados por sus gobernantes, en un momento histórico que coincide con la ofensiva mundial contra las garras del covid-19.

No siempre los tomadores de decisiones saben interpretar las demandas fundamentales de los pueblos, y priorizan ámbitos que no se corresponden con sus legítimas aspiraciones de progreso y bienestar colectivo.

Si bien la pandemia agudizó de manera exponencial los índices de desigualdad en todos los países de la región, es preciso resaltar que esta ola de descontento es el resultado de viejas deudas sociales acumuladas durante décadas, y que marcadamente persisten en muchas de esas naciones.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) estima que no obstante las políticas de protección social adoptadas por los gobiernos para encarar la crisis generada por el covid-19, la pobreza y la pobreza extrema seguirán creciendo como nunca antes vistas.

En este contexto, los gobernantes navegan en la turbulenta disyuntiva de repensar estrategias de políticas fiscales sin afectar más la calidad de vida de las personas, aun conscientes de que las bajas recaudaciones tributarias empujan más aun su elevado nivel de endeudamiento.

Las autoridades dominicanas han podido sortear el impacto de la pandemia desarrollando políticas de ampliación del gasto público, con mayor énfasis en programas sociales de apoyo a los ingresos de los hogares pobres.

Estas acciones le han permitido evitar escaladas de protestas sociales, como desde hace meses ocurre en otros países.

El reto ahora es mantener el ritmo de recuperación económica, con reformas en la arquitectura financiera que propicien el equilibrio entre la asistencia a los sectores más vulnerables y la protección de la estructura productiva nacional.

República Dominicana fue ejemplo de crecimiento económico en la región en los años previos a la aparición del covid-19, y ahora se perfila dentro de las naciones de América Latina y el Caribe con mejores perspectivas económicas.

Sin embargo, la cohesión social es imprescindible para que el Gobierno pueda desplegar políticas públicas de bienestar común en un ambiente despejado de cualquier amenaza a la estabilidad y la paz social de los dominicanos.